MORENA: gobernar sin partido.

Eso le ocurrió a los jacobinos franceses, que terminaron devorados por la misma lógica revolucionaria que habían desatado. Le ocurrió a buena parte de la izquierda europea del siglo XX, que pasó décadas denunciando los defectos del capitalismo para descubrir que administrar una economía era bastante más complicado que escribir panfletos contra ella. Le ocurrió a innumerables movimientos de liberación nacional que, después de conquistar el poder, terminaron construyendo burocracias sorprendentemente parecidas a aquellas que prometían destruir.

Y podría ocurrirle a Morena. No porque Morena sea una anomalía histórica. Au contraire. Sino porque Morena es extraordinariamente normal. Un partido más. Los partidos que llegan al poder convencidos de que representan una transformación histórica suelen enfrentarse al mismo dilema: si aceptan revisar sus errores, corren el riesgo de parecer débiles; si se niegan a revisarlos, corren el riesgo de convertirse en caricaturas de sí mismos.

La política, después de todo, tiene una costumbre desagradable: no premia a quienes tienen razón. Premia a quienes corrigen sus errores antes de que la realidad los corrija por la fuerza. John Maynard Keynes solía responder a quienes lo acusaban de cambiar de opinión con una frase memorable: "Cuando cambian los hechos, cambio de opinión. ¿Qué hace usted?". La pregunta parece sencilla. En política es revolucionaria. Porque los partidos verdaderamente importantes no son los que tienen siempre razón. Sino los que desarrollan mecanismos para descubrir cuándo están equivocados.

Ciertamente, Morena nace de una necesidad democrática real. Fue la respuesta política de millones de mexicanos que durante décadas percibieron que el crecimiento económico, las reformas estructurales y los grandes indicadores macroeconómicos rara vez se traducían en mejoras tangibles para su vida cotidiana. La reorientación de la política pública hacia los sectores históricamente olvidados no fue un accidente electoral, sino una necesidad social en un país donde amplias capas de la población llevaban demasiado tiempo esperando los beneficios prometidos del desarrollo. Por primera vez en mucho tiempo, una parte importante del electorado sintió que el cambio ocurría durante el sexenio que lo prometía y no en algún horizonte lejano explicado por economistas mediante gráficos, proyecciones y cifras incomprensibles sobre PIB, productividad o ingreso per cápita. La reducción de la pobreza observada durante los últimos años reforzó esa percepción y otorgó a Morena una legitimidad política que difícilmente puede entenderse sin ese contexto.

Pero precisamente por eso el reto es mayor. Porque Morena ya demostró que puede ganar elecciones y que puede construir una política distributiva con resultados visibles para millones de personas. Lo que todavía está por demostrarse es si puede convertirse en una institución política capaz de sobrevivir a sus líderes, a sus coyunturas y a sus victorias. Ningún proyecto histórico se consolida únicamente con carisma, popularidad o voluntad política. Tarde o temprano necesita cuadros, doctrina, mecanismos de control interno, formación de liderazgos, producción intelectual y una cultura institucional capaz de corregir sus propios errores. El verdadero desafío de Morena ya no es conquistar el poder, sino construir las herramientas para ejercerlo con eficacia durante generaciones.

Existe, sin embargo, una ironía todavía más inquietante que la repetida advertencia de que Morena podría terminar convirtiéndose en el PRI. La frase se ha vuelto tan común que ha perdido parte de su capacidad explicativa. Lo verdaderamente preocupante no es que Morena reproduzca algunas de las prácticas que durante décadas caracterizaron al sistema priista; la historia política mexicana demuestra que casi todos los partidos, una vez instalados en el poder, desarrollan reflejos parecidos. La diferencia fundamental es que el viejo PRI gobernó gran parte de su historia —sobre todo la última parte— con poca legitimidad democrática. Su poder descansaba en una combinación de control institucional, corporativismo, disciplina burocrática y mecanismos electorales que difícilmente podrían considerarse democráticos. Morena, en cambio, llegó al poder mediante elecciones libres, competitivas y ampliamente reconocidas como legítimas. Y precisamente ahí reside la paradoja. Porque una organización política que acumula poder sin legitimidad democrática genera resistencias naturales; una organización que acumula poder mientras conserva legitimidad democrática puede llegar mucho más lejos antes de encontrar límites. Si el PRI gobernaba desde la fuerza del sistema, Morena corre el riesgo de gobernar desde la fuerza de la representación popular. Y eso, lejos de ser una garantía contra los excesos, puede convertirse en una herramienta mucho más peligrosa para justificarlos.

La historia ofrece ejemplos suficientes para tomar en serio esa posibilidad. Los sistemas políticos más amenazadores no suelen ser aquellos que carecen de legitimidad, sino aquellos que logran combinar respaldo popular, victorias electorales recurrentes y una narrativa moral que les permite presentar cualquier crítica como un intento de revertir la voluntad popular. Cuando eso ocurre, la frontera entre partido, gobierno, movimiento e incluso nación comienza a difuminarse peligrosamente. Los errores dejan de ser errores para convertirse en ataques de la oposición; las críticas dejan de ser advertencias para transformarse en conspiraciones; la rendición de cuentas empieza a interpretarse como una agresión política. El riesgo no es que aparezca una nueva versión del autoritarismo clásico mexicano, porque la historia rara vez se repite de manera tan literal. El riesgo es algo más sofisticado: la construcción gradual de una hegemonía política que se considere legítima no sólo por haber ganado elecciones, sino por asumir que esas victorias le otorgan una autoridad moral permanente. En ese escenario, el problema ya no sería la ausencia de democracia, sino la tentación de utilizar la propia democracia como argumento para evitar la autocrítica. Y pocas cosas han demostrado ser más peligrosas para un partido político que llegar a la conclusión de que ganar elecciones equivale a tener razón.

La política, debe ser primero, ideología.

Después de todo, hay una razón por la que la historia recuerda muy poco y muy mal a partidos políticos y gobernantes. Los gobernantes aparecen y desaparecen con una velocidad asombrosa; los partidos verdaderamente importantes son mucho más escasos porque representan algo infinitamente más complejo: la capacidad de convertir un movimiento político en una tradición intelectual. Gobernar puede depender del carisma de una persona. Construir un partido exige crear una cultura. Y las culturas políticas son organismos extraños. Tardan décadas en consolidarse, requieren miles de personas que nunca aparecerán en los libros de historia y, sobre todo, necesitan algo que suele escasear en la política contemporánea: paciencia.

La izquierda europea tardó casi un siglo en construir la socialdemocracia moderna. Hoy resulta fácil mirar al Estado de bienestar escandinavo, a la Alemania posterior a la guerra o al laborismo británico y asumir que sus modelos surgieron naturalmente, como si fueran una consecuencia inevitable del progreso. La realidad fue mucho más caótica. Detrás de cada una de esas experiencias hubo generaciones enteras discutiendo documentos internos, redactando manifiestos, fundando sindicatos, construyendo cooperativas, financiando periódicos, organizando universidades, académicos, y peleando interminablemente sobre cuestiones que al ciudadano moderno le parecerían insoportablemente aburridas. Antes de gobernar países, aquellos movimientos tuvieron que aprender a gobernarse a sí mismos.

La derecha moderna recorrió un camino parecido. Los partidos demócrata cristianos europeos, por ejemplo, no nacieron únicamente para ganar elecciones. Nacieron de una reflexión intelectual profunda sobre la relación entre el individuo, la comunidad, el mercado y el Estado después de la devastación de dos guerras mundiales. Konrad Adenauer no apareció simplemente con un programa electoral bajo el brazo. Detrás de él existía una tradición de pensamiento social católico, debates económicos acumulados durante décadas y una estructura partidista que había dedicado años a responder preguntas difíciles antes de aspirar a administrar un país. La política seria comienza cuando un movimiento deja de preguntarse cómo llegar al poder y empieza a preguntarse qué hará exactamente con él.

Esa diferencia suele pasar inadvertida porque las campañas electorales son mucho más visibles que los procesos de construcción ideológica. Los votantes observan mítines, debates televisivos y encuestas. Rara vez ven los años de discusión doctrinal que hacen posible una política pública coherente. Sin embargo, la historia demuestra una y otra vez que los partidos duraderos son aquellos que consiguen crear una visión relativamente consistente del mundo. No necesariamente una ideología rígida, pero sí una manera reconocible de responder a los grandes problemas de su tiempo. Cuando esa visión desaparece, los partidos comienzan a depender exclusivamente de la popularidad de sus líderes. Y cuando los líderes desaparecen, las organizaciones suelen desaparecer con ellos.

Por eso la construcción de un partido es probablemente una de las tareas más difíciles de la política moderna. Exige disciplina intelectual en una actividad dominada por la improvisación. Exige pensamiento de largo plazo en un entorno obsesionado con la siguiente elección. Exige formar cuadros cuando todo el mundo quiere formar candidatos. Exige producir documentos cuando la atención pública apenas dura unos segundos. Exige leer cuando el ecosistema político recompensa hablar. Y exige aceptar algo particularmente incómodo para cualquier organización que se siente triunfadora: que ninguna victoria electoral sustituye la necesidad de pensar.

Es precisamente aquí donde comienza el verdadero desafío de Morena. Porque a estas alturas ya nadie discute seriamente su capacidad para ganar elecciones. Lo que todavía está por demostrarse es algo mucho más complicado: si puede convertirse en una tradición política o si seguirá siendo, fundamentalmente, una coalición electoral extraordinariamente exitosa. La diferencia parece semántica, pero en realidad es histórica. Las coaliciones ganan gobiernos. Las tradiciones políticas moldean países.

Si existe un país donde puede observarse la diferencia entre una maquinaria electoral y una tradición política, ese país es Estados Unidos. A menudo se habla de demócratas y republicanos como si fueran simples marcas electorales, cuando en realidad son el resultado de casi dos siglos de evolución intelectual, conflictos internos, derrotas traumáticas y revisiones doctrinales constantes. Ninguno de los dos partidos nació completamente formado. Ambos fueron construyéndose lentamente alrededor de preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la república, el papel del gobierno federal, la libertad individual, el mercado y la igualdad.

El Partido Republicano surgió en 1854 como una coalición extraordinariamente diversa de antiguos whigs, reformistas, abolicionistas y demócratas descontentos que compartían una preocupación común: la expansión de la esclavitud hacia los nuevos territorios de la Unión. Aquella organización no nació alrededor de un candidato, sino alrededor de una idea moral y política. Abraham Lincoln fue importante precisamente porque entendió esa diferencia. Antes de convertirse en presidente, el republicanismo llevaba años produciendo periódicos, debates públicos, asociaciones cívicas y plataformas ideológicas. Lincoln no creó el partido; el partido creó las condiciones intelectuales que hicieron posible a Lincoln. La Guerra Civil terminó convirtiéndolo en una figura histórica, pero su verdadero legado fue demostrar que una organización política puede sobrevivir a sus líderes cuando está sostenida por principios más profundos que la popularidad momentánea.

Algo parecido ocurrió décadas después con Roosevelt, aunque desde una tradición ideológica completamente distinta. Cuando Roosevelt llegó a la Casa Blanca en 1933, Estados Unidos se encontraba sumido en la peor crisis económica de su historia. Sin embargo, el New Deal no apareció de la nada ni fue simplemente el producto de la intuición de un político brillante. Detrás de aquellas políticas existían años de discusiones académicas sobre empleo, gasto público, regulación financiera, protección social y modernización económica. La gran intuición de Roosevelt consistió en comprender que las ideas que circulaban en universidades, centros de investigación y círculos reformistas debían convertirse en acción gubernamental antes de que el descontento social terminara alimentando alternativas autoritarias.

Como escribió alguna vez Keynes, la dificultad no reside tanto en desarrollar nuevas ideas como en escapar de las antiguas. Roosevelt entendió precisamente eso. El New Deal no sólo ayudó a sacar a millones de estadounidenses de la pobreza y del desempleo, sino que transformó al Partido Demócrata en una fuerza política con una identidad reconocible durante varias generaciones. Más importante aún, convirtió la política pública en el resultado de una conversación permanente entre académicos, técnicos, economistas, sindicatos, empresarios y gobernantes. Esa es quizás la lección más importante para cualquier movimiento que aspire a transformar un país: las grandes transformaciones históricas no nacen únicamente de la voluntad política. Nacen cuando un partido es capaz de absorber ideas producidas fuera de sí mismo y convertirlas en instituciones duraderas. Roosevelt comprendió que gobernar consistía menos en tener siempre la razón que en construir organizaciones capaces de aprender. Y esa diferencia, que parece menor, es la que separa a los movimientos pasajeros de los partidos que terminan moldeando una época.

En última instancia, los partidos políticos son, antes que nada, ideas organizadas. O al menos deberían serlo. Son intentos colectivos de responder preguntas fundamentales sobre cómo debe distribuirse la riqueza, cuál debe ser el papel del Estado, qué obligaciones existen entre generaciones, cómo se crea prosperidad y qué entendemos por justicia. Las elecciones, los candidatos y los gobiernos son apenas las manifestaciones visibles de una arquitectura intelectual mucho más profunda. Por eso resulta difícil definir con precisión qué es Morena más allá de su extraordinaria eficacia electoral. López Obrador ha sido notablemente consistente al presentar su movimiento menos como una doctrina cerrada y más como una voluntad política orientada por ciertos principios generales: combatir la corrupción, reducir la desigualdad, fortalecer al Estado, priorizar a los sectores históricamente excluidos y recuperar una noción de interés público. Y, en realidad, no hay nada inherentemente negativo en ello. La política práctica siempre ha necesitado una dosis considerable de pragmatismo o realpolitk. El problema aparece cuando el pragmatismo se convierte en sustituto de la reflexión doctrinal. Porque una cosa es gobernar sin dogmas y otra muy distinta gobernar sin un marco conceptual suficientemente desarrollado para responder a los desafíos que inevitablemente aparecen más allá del corto plazo.

Quizá el ejemplo más claro sea el llamado "Humanismo mexicano" propuesto por Andrés Manuel López Obrador como eje ideológico del partido. Como intuición política, resulta relativamente fácil comprenderlo. Se asemeja en muchos aspectos a las tradiciones del Estado de bienestar que surgieron en distintas partes del mundo después de la Segunda Guerra Mundial: una convicción de que el crecimiento económico carece de sentido si no mejora las condiciones materiales de la mayoría y de que el Estado tiene la responsabilidad de corregir desigualdades que el mercado por sí solo no resuelve. Sin embargo, una intuición no constituye todavía una teoría de gobierno. El "humanismo mexicano" describe con bastante claridad para quién debe funcionar la economía, pero dice mucho menos sobre cómo insertarse en una economía global dominada por gigantes tecnológicos, cadenas de suministro transnacionales, inteligencia artificial, competencia geopolítica y transformaciones productivas de enorme escala. No explica todavía cuál es su teoría del crecimiento, de la innovación, de la productividad, de la política industrial o de la inserción internacional de México. En otras palabras, señala correctamente varios de los objetivos, pero deja abiertos muchos de los mecanismos. Y ahí reside quizá el reto intelectual más importante para Morena: transformar una poderosa intuición moral en una doctrina moderna de desarrollo capaz de dialogar con el mundo contemporáneo. Porque las sociedades no se transforman únicamente por saber a quién quieren ayudar; también necesitan comprender, con el mayor rigor posible, cómo producir la riqueza, las instituciones y las capacidades que harán sostenible esa ayuda durante generaciones.

El post neoliberalismo, un vacío académico.

Sin embargo, sería injusto atribuirle exclusivamente a Morena un problema que parece haberse convertido en una característica de la política contemporánea mundial. De hecho, quizá el verdadero desafío de Morena no sea mexicano sino global. Durante buena parte del siglo XX los partidos políticos gobernaban apoyados en enormes estructuras intelectuales que producían ideas, teorías económicas, diagnósticos sociales y propuestas de largo plazo. El liberalismo clásico tuvo sus universidades, sus revistas y sus filósofos. La socialdemocracia europea tuvo sindicatos, fundaciones, centros de pensamiento y generaciones enteras de economistas discutiendo cómo reconciliar crecimiento económico con justicia social. Incluso el neoliberalismo fue durante décadas una formidable construcción intelectual antes de convertirse en política pública. Friedrich Hayek, Milton Friedman, Ludwig von Mises y toda una red de universidades, fundaciones y centros de investigación pasaron años desarrollando argumentos antes de que Ronald Reagan o Margaret Thatcher llegaran al poder. Las ideas llegaron primero. Los políticos aparecieron después.

Lo verdaderamente llamativo es que, tras cuatro décadas de predominio neoliberal, parece haberse producido una extraña inversión histórica. Cada vez existen más políticos y menos ideologías. Más campañas y menos pensamiento. Más comunicación y menos teoría. Más estrategas electorales y menos intelectuales públicos. Incluso muchos de los diagnósticos más severos sobre los límites del neoliberalismo provienen hoy de economistas, sociólogos y académicos que difícilmente podrían ser considerados radicales. Las crisis financieras recurrentes, la concentración extraordinaria de riqueza, el estancamiento salarial de amplios sectores de la población, el deterioro de la movilidad social y el creciente malestar político han erosionado buena parte de las promesas que acompañaron a la globalización de finales del siglo XX. La crítica al paradigma neoliberal ya no es una conversación marginal; se ha convertido en una discusión presente incluso dentro de universidades, centros de investigación y organismos internacionales. Sin embargo, el problema es que la crítica ha avanzado mucho más rápido que las alternativas. Existe una creciente literatura sobre los límites del neoliberalismo y sobre la necesidad de imaginar escenarios "post-neoliberales" o "post-capitalistas", pero todavía no existe un consenso intelectual comparable al que alguna vez produjeron el liberalismo, el keynesianismo o la socialdemocracia clásica.

Y quizá ahí reside una de las grandes tragedias intelectuales de nuestro tiempo. Las universidades, que durante generaciones funcionaron como laboratorios de ideas para los partidos políticos, parecen haberse ido alejando gradualmente de esa función. Diversos autores han señalado cómo la lógica competitiva y de mercado ha transformado parte del mundo académico, privilegiando la especialización extrema, la publicación constante y los incentivos burocráticos por encima de la construcción de grandes marcos interpretativos sobre la sociedad. Paradójicamente, muchas facultades producen más artículos que nunca, pero menos visiones integrales del futuro. Algunos estudios sostienen incluso que la presión por publicar, competir por fondos y adaptarse a métricas institucionales ha reducido los espacios para el disenso intelectual y las propuestas verdaderamente disruptivas.

En ese contexto, no debería sorprendernos que los partidos políticos hayan terminado refugiándose en el electoralismo. Cuando desaparecen las grandes corrientes intelectuales, las campañas ocupan su lugar. Cuando no existe una visión coherente sobre el futuro de la economía, la energía, la automatización, la inteligencia artificial o el papel del Estado en una sociedad cada vez más desigual, la política encuentra un sustituto mucho más sencillo: ganar la próxima elección. Poco a poco los partidos dejan de preguntarse qué sociedad quieren construir y comienzan a preguntarse únicamente qué mensaje funciona mejor en la siguiente encuesta. La ideología es reemplazada por la estrategia. El programa por la narrativa. El debate doctrinal por el posicionamiento de marca. Y el militante termina convertido en consumidor político.

De hecho, una de las señales más evidentes de la crisis ideológica contemporánea puede observarse en Estados Unidos —el país de la larga tradición política—. Hoy resulta cada vez más difícil identificar diferencias económicas profundas entre demócratas y republicanos comparables a las que existían durante gran parte del siglo XX. Durante décadas ambos partidos terminaron operando dentro de un marco relativamente similar de apertura comercial, globalización financiera y confianza en los mercados, mientras que las principales batallas políticas se desplazaron hacia cuestiones culturales, identitarias y sociales. La irrupción de Donald Trump alteró parcialmente ese consenso, pero lo hizo de una manera paradójica: cuestionando algunos de los pilares históricos del propio liberalismo económico republicano mediante aranceles, subsidios industriales, restricciones comerciales y una política económica mucho más intervencionista de lo que tradicionalmente habría aceptado la ortodoxia conservadora. La ironía es que, mientras el debate público estadounidense parece consumirse en disputas sobre inmigración, identidad, género o valores culturales, existe una creciente convergencia en torno a la idea de que el Estado debe desempeñar un papel más activo en la economía. El resultado es una situación extraña: los desacuerdos políticos son cada vez más intensos, pero las diferencias ideológicas de fondo sobre el modelo económico son, en muchos aspectos, cada vez menos claras.

Europa atraviesa una paradoja similar. Las antiguas fronteras entre izquierda y derecha se han vuelto cada vez más difusas en materia económica, mientras los grandes debates políticos se desplazan hacia la inmigración, la identidad nacional, la soberanía, la integración europea o los valores culturales. El Brexit fue quizá la manifestación más evidente de esa confusión ideológica: una coalición heterogénea de votantes y dirigentes que mezclaba argumentos conservadores, nacionalistas, proteccionistas e incluso tradicionalmente asociados a la izquierda. Al mismo tiempo, partidos de distintos signos han defendido subsidios industriales, políticas comerciales estratégicas, restricciones a ciertos mercados y una mayor intervención estatal frente a la competencia global. La vieja discusión entre mercado y Estado ha perdido centralidad; la nueva política europea parece debatir mucho más quién pertenece a la comunidad que cómo debe organizarse la economía.

Mucho se ha escrito sobre la aparente falta de coherencia ideológica en las políticas públicas de Morena. En principio, porque es verdad. Mientras algunas de sus decisiones, como la expansión de programas sociales, los aumentos al salario mínimo y el fortalecimiento de derechos laborales, podrían ubicarse dentro de una tradición de izquierda, otras responden a principios asociados al conservadurismo económico: disciplina fiscal, control de la deuda pública, respeto a la autonomía del Banco de México, política monetaria, preocupación por calificaciones crediticias, y preservación de la estabilidad macroeconómica. Algo similar ocurre en materia comercial y energética, donde conviven discursos de soberanía y nacionalismo económico con la continuidad práctica de la apertura comercial, el T-MEC y la profunda integración productiva con Estados Unidos, aunque sin una definición siempre clara del papel que México pretende desempeñar dentro de estas dinámicas de largo plazo. La ambigüedad también se extiende a otros ámbitos: mientras algunas políticas sociales y de ampliación de derechos han sido presentadas como parte de una agenda progresista, en temas como la regulación y despenalización del consumo de drogas, así como en diversas cuestiones vinculadas a la agenda cultural y de libertades individuales, o migración, los avances han sido limitados o fragmentarios, manteniendo en muchos casos posiciones más cercanas al conservadurismo social históricamente predominante en el país.

Esta dificultad para clasificar a Morena refleja un problema más amplio: la creciente insuficiencia de las categorías ideológicas tradicionales para explicar la acción de gobierno. El movimiento reúne corrientes provenientes de la izquierda nacionalista, el desarrollismo estatal, el pragmatismo electoral e incluso sectores con visiones conservadoras en temas sociales y económicos. Como resultado, sus políticas suelen responder más a objetivos concretos de gobernabilidad, estabilidad y legitimidad política que a la aplicación sistemática de un cuerpo doctrinario claramente definido.

Sin embargo, estas aparentes contradicciones no son exclusivas de Morena ni constituyen una anomalía mexicana. En las últimas décadas, los grandes partidos políticos alrededor del mundo han tendido a combinar elementos ideológicos tradicionalmente opuestos, privilegiando el pragmatismo de gobierno sobre la coherencia doctrinaria. La globalización, las restricciones de los mercados financieros y la complejidad de las sociedades contemporáneas han difuminado las fronteras entre izquierda y derecha, dando lugar a proyectos políticos híbridos donde la gestión práctica suele imponerse a la pureza ideológica.

Por eso el reto de Morena podría ser mucho más complejo de lo que normalmente se reconoce. No se trata solamente de construir una organización partidista capaz de sobrevivir a López Obrador. Se trata de intentar construir una tradición intelectual en una época en la que prácticamente nadie está construyendo tradiciones intelectuales. Se trata de formular una visión moderna del desarrollo económico, la desigualdad, la tecnología, la productividad, el medio ambiente y la movilidad social en un momento histórico donde la mayoría de los partidos del mundo parecen haber renunciado a producir ideas propias. La pregunta ya no es únicamente qué hará Morena con el poder. La pregunta es si será capaz de contribuir a responder el gran vacío ideológico del siglo XXI: qué viene después de un modelo que parece agotado y antes de que exista otro capaz de reemplazarlo.

La élite intelectual contemporánea: hablar mucho y decir nada.

El problema, sin embargo, no está solamente en los partidos ni en las universidades. Está también en quienes ocupan el espacio intermedio entre ambos: las élites intelectuales que durante décadas han tenido la capacidad de decirle a la sociedad qué problemas son importantes y cuáles deberían ser las respuestas aceptables. En México, nombres como Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín, Denise Dresser, Jorge G. Castañeda, Sergio Aguayo, José Woldenberg, Jesús Silva-Herzog Márquez y muchos otros han formado parte, desde posiciones distintas y con matices importantes entre ellos, de una generación de opinión pública que creció intelectualmente durante la transición democrática y bajo el predominio de las ideas económicas y políticas de finales del siglo XX. Muchos de ellos realizaron contribuciones indispensables al debate democrático mexicano y sería absurdo reducir trayectorias intelectuales complejas a una sola etiqueta. El problema aparece en otro lugar: en la dificultad de una parte de esa generación para reconocer que el mundo intelectual que ayudó a explicar durante los últimos treinta años ha cambiado más rápidamente que sus propios marcos de interpretación. Los llamados abajofirmantes —más como categoría política que como descripción homogénea de personas que piensan exactamente igual— terminan representando así una paradoja interesante: una élite intelectual formada para combatir los excesos del viejo autoritarismo puede terminar defendiendo, casi por inercia, un repertorio de soluciones que pertenece a la época en que nació la transición, pero no al mundo post-neoliberal.

No se trata de afirmar que el mercado haya fracasado en todo, ni mucho menos que la democracia liberal haya dejado de ser indispensable. Esa sería una caricatura tan pobre como la que pretende sustituir. El comercio internacional sacó a cientos de millones de personas de la pobreza, la competencia puede elevar la productividad y las instituciones democráticas siguen siendo una de las mejores defensas contra el autoritarismo. El problema es otro: durante demasiado tiempo se confundió la existencia de esas virtudes con la idea de que el mercado, por sí mismo, produciría sociedades suficientemente equitativas, estables y prósperas. Incluso el Fondo Monetario Internacional reconoció hace años que determinadas políticas asociadas al consenso neoliberal —particularmente la liberalización financiera y ciertas formas de austeridad— no produjeron los beneficios de crecimiento que se habían prometido y, en determinados contextos, contribuyeron a aumentar la desigualdad. Un estudio del propio Fondo, basado en décadas de información internacional, encontró que la liberalización de las cuentas de capital estaba asociada en promedio con aumentos de desigualdad y una menor participación del trabajo en el ingreso. La discusión, por tanto, ya no debería consistir en repetir que "más mercado" es bueno o malo, sino en preguntarnos qué combinación de Estado, mercado, regulación, impuestos, inversión pública y redistribución produce sociedades capaces de mantener crecimiento y cohesión social simultáneamente.

Ahí es donde la discusión mexicana —y mundial— parece haberse quedado extrañamente atrapada. Una parte de la intelectualidad pública continúa utilizando la democracia principalmente como una herramienta para juzgar al gobierno de turno, pero mucho menos como un espacio para imaginar qué debería sustituirlo. Se analiza con enorme energía cómo derrotar electoralmente a Morena, pero con bastante menos entusiasmo qué modelo económico, social y territorial debería gobernar México después de Morena. Se explica por qué el gobierno actual es malo, pero rara vez se presenta una arquitectura alternativa suficientemente desarrollada para convencer a los millones de mexicanos que han recibido beneficios materiales de sus políticas redistributivas de que existe una opción mejor. Y ésta es una diferencia fundamental: la crítica puede ganar una elección, pero solamente una idea puede gobernar después de ganarla.

La política contemporánea parece haber convertido al intelectual público en un actor más del electoralismo mediático en el que nos encontramos sumergidos. Ya no ocupa, al menos no con la frecuencia de otras épocas, el papel de quien intenta responder preguntas complejas sobre el funcionamiento de la sociedad, la economía o las instituciones. En demasiadas ocasiones ha terminado adoptando la lógica de la coyuntura permanente: comentar la encuesta de la semana, interpretar el escándalo del día o explicar las implicaciones electorales de la última polémica. Publicando ensayos interminables sin marcos conceptuales robustos, sustituyendo la propuesta ideológica por la calificación adjetival. Alertar sobre populistas y populismos —lo que sea que eso fuese—. Y la defensa a ultranza de lo que ellos interpretan como democracia liberal, sin conceder legitimidad al respaldo electoral que los ciudadanos le han otorgado a Morena, —lo que ya es una paradoja en sí misma—.

El intelectual, que alguna vez aspiró a producir marcos de comprensión para entender el mundo, corre el riesgo de convertirse en un analista de resultados políticos, más cercano al comentarista que al pensador. No porque carezca de conocimiento —o quizá por eso mismo—, sino porque el ecosistema mediático recompensa la inmediatez mucho más que la profundidad.

La consecuencia es una especie de vacío intelectual que no pertenece exclusivamente a México. Está presente en buena parte de las democracias occidentales. Desde Washington hasta Londres, desde París hasta Madrid, los partidos tradicionales han perdido buena parte de las grandes arquitecturas ideológicas que alguna vez los distinguieron. La izquierda ya no tiene una teoría suficientemente convincente sobre qué significa socialismo después del fracaso de las economías centralmente planificadas; la derecha todavía no ha terminado de resolver qué significa defender mercados abiertos en una época de concentración tecnológica y geopolítica; los liberales no han encontrado una respuesta satisfactoria a la creciente concentración de riqueza y poder económico; y prácticamente nadie ha producido una teoría política suficientemente madura sobre cómo gobernar una economía en la que la inteligencia artificial puede modificar en una generación lo que la industrialización modificó en un siglo. En lugar de producir esas respuestas, una parte de las élites políticas e intelectuales se ha refugiado en la política negativa: explicar por qué el otro debe perder. El resultado es una democracia extraordinariamente eficiente para expulsar gobiernos e increíblemente mediocre para imaginar los que deberían sustituirlos.

Ésa quizá sea la gran diferencia entre las épocas de transformación intelectual y la nuestra. Keynes, Roosevelt, Beveridge, Hayek, Friedman, Rawls o incluso los economistas que posteriormente cuestionaron a esos mismos autores no se limitaron a escribir argumentos para derrotar electoralmente al adversario; intentaron construir explicaciones completas sobre cómo funcionaba la sociedad y, a partir de ellas, diseñar instituciones. Roosevelt tuvo detrás una generación de economistas, abogados, académicos y reformistas que discutían sobre empleo, demanda, regulación financiera y seguridad social antes de que esas ideas llegaran al gobierno. La socialdemocracia europea hizo algo parecido con la fiscalidad, los servicios públicos y la negociación laboral. El neoliberalismo, antes de convertirse en política de Estado, pasó décadas construyendo universidades, centros de pensamiento, revistas y redes intelectuales. Las ideas precedieron al poder. Ésa es precisamente la parte que hemos olvidado: los gobiernos verdaderamente transformadores casi nunca inventan las ideas con las que gobiernan; llegan al poder cuando una generación intelectual ya ha hecho el trabajo previo de imaginarlas, discutirlas, criticarlas y convertirlas en una doctrina política coherente.

Todo ello ocurre, además, en un contexto de desgaste del propio marco teórico de la democracia liberal contemporánea. Sus errores —la incapacidad para contener la desigualdad, la creciente concentración económica, la pérdida de representación efectiva y la distancia entre las élites políticas y buena parte de la ciudadanía— se han convertido en contradicciones estructurales: sistemas que reivindican la soberanía popular pero trasladan decisiones fundamentales a organismos técnicos alejados del control electoral; economías que defienden el libre mercado mientras recurren al proteccionismo y a la intervención estatal cuando sus intereses estratégicos lo requieren; y democracias que proclaman el pluralismo mientras sus sociedades se fragmentan en identidades políticas cada vez más irreconciliables. El resultado no es necesariamente el fracaso de la democracia como sistema, sino el debilitamiento de la democracia liberal como marco explicativo y normativo dominante: aquella idea, particularmente poderosa después de la Guerra Fría, de que la expansión de los mercados, las instituciones liberales y la democracia representativa conducirían casi naturalmente a sociedades más prósperas, abiertas y políticamente estables. Esa promesa ha perdido buena parte de su fuerza, mientras emergen movimientos y gobiernos de izquierda, derecha y corte nacionalista que cuestionan distintos componentes del modelo sin necesariamente proponer una alternativa ideológica coherente. La crisis contemporánea, por tanto, no consiste únicamente en que los partidos hayan dejado de parecerse a sus antiguas etiquetas ideológicas; es también la evidencia de que el propio mapa conceptual de los intelectuales de la transición resulta hoy insuficiente.

Como ha escrito Gibrán Ramírez, existe un páramo intelectual en México; yo añadiría que también, y quizá de manera más profunda, existe uno global. El intelectual ha dejado de pensar primero para hablar pronto: tuitear aforismos, reaccionar a la coyuntura y convertir la crítica en un fin en sí mismo. En una época que premia la velocidad, abundan las opiniones breves que explican poco y las críticas que proponen todavía menos. El problema no es que falten voces, sino que cada vez escasean más las ideas capaces de comprender la complejidad del presente y, sobre todo, de imaginar algo distinto.

"Es el Estado, estúpidos".

Quizá el problema de fondo no sea siquiera el intelectual convertido hoy en opinador de oficio, sino las universidades que continúan formando generaciones dentro de paradigmas que deberían estar sometidos a una revisión mucho más profunda. No se trata, desde luego, de dejar de enseñar el libre mercado, el liberalismo económico, la globalización o la teoría del comercio internacional; sería absurdo pretender comprender el mundo moderno sin conocer las ideas que lo construyeron. El problema aparece cuando esas teorías dejan de enseñarse como parte de una historia intelectual en permanente evolución y comienzan a presentarse como respuestas suficientemente acabadas a problemas que ya han cambiado. Durante buena parte de las últimas décadas se instaló la idea de que la liberalización, la apertura comercial, la desregulación y la reducción del Estado constituían, con distintas intensidades, el camino natural hacia sociedades más eficientes y prósperas. Pero el mundo de 2026 ya no es el mundo sobre el que se construyó buena parte de ese consenso. La crisis financiera de 2008, el aumento desmedido de la concentración económica, la desigualdad, la crisis climática, la pandemia, la revolución tecnológica, la inteligencia artificial, las guerras comerciales y el regreso de la política industrial han obligado incluso a instituciones que durante décadas estuvieron asociadas con la ortodoxia económica a revisar algunos de sus propios supuestos.

Lo que resulta cada vez más difícil de sostener no es la utilidad del mercado, sino la idea de que el mercado, actuando por sí solo y acompañado de niveles mínimos de intervención pública, terminará produciendo automáticamente sociedades más prósperas, cohesionadas y equitativas. La evidencia acumulada durante las últimas décadas apunta en otra dirección. No demuestra que el capitalismo sea incapaz de generar riqueza —sería una conclusión tan simplista como la que pretende refutar—, sino algo mucho más incómodo: que generar riqueza y distribuirla son fenómenos distintos, gobernados por lógicas distintas y que requieren instituciones distintas. Thomas Piketty mostró, utilizando series históricas de más de dos siglos, que cuando el rendimiento del capital crece de forma sistemática por encima de los salarios y del crecimiento económico general, la riqueza tiende a concentrarse progresivamente en quienes ya poseen activos. Dicho de manera más simple: una economía puede prosperar mientras amplios sectores de la población quedan relativamente rezagados respecto a quienes poseen patrimonio acumulado. El mercado crea riqueza, pero no parece especialmente preocupado por cómo se reparte.

Lo relevante es que esta discusión dejó hace tiempo de pertenecer exclusivamente a la izquierda académica. Economistas tan distintos entre sí como Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Angus Deaton, Esther Duflo, Dani Rodrik o Mariana Mazzucato han cuestionado, desde perspectivas diferentes, algunos de los supuestos más optimistas del paradigma neoliberal. Lo mismo ha ocurrido, aunque de manera más cautelosa, en instituciones que durante décadas fueron consideradas guardianas de la ortodoxia económica internacional. El FMI, el Banco Mundial, la OCDE e incluso diversos organismos financieros han reconocido que niveles excesivos de desigualdad pueden afectar el crecimiento, reducir la movilidad social y erosionar la estabilidad política. La pregunta, por tanto, ya no parece ser si el mercado funciona, porque evidentemente funciona; la pregunta es para quién funciona, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones institucionales. Y quizá ahí se encuentre el verdadero punto ciego de buena parte del debate contemporáneo: seguimos discutiendo como si la gran disputa intelectual consistiera en elegir entre mercado o Estado, cuando la evidencia parece sugerir algo mucho más interesante. Las sociedades que han logrado combinar prosperidad, cohesión social y estabilidad política no son aquellas donde el Estado desapareció, sino aquellas donde desarrolló la capacidad suficiente para corregir, regular y redistribuir parte de los resultados que el mercado produce por sí mismo. La discusión del siglo XXI no debería ser cuánto Estado o cuánto mercado, sino cómo construir Estados capaces de convertir la riqueza económica en bienestar social duradero.

Y aquí aparece una paradoja que debería incomodar especialmente a las universidades. Mientras el mundo real ha comenzado a experimentar con nuevas formas de política industrial, regulación tecnológica, inversión pública estratégica, protección social y reconstrucción de capacidades estatales, buena parte del debate académico y mediático continúa atrapado en una discusión binaria que pertenece a otra época: más mercado o más Estado, liberalización o proteccionismo, globalización o nacionalismo. "Estamos espantando la inversión extranjera", "El PIB no crece", "Los mercados no están respondiendo", "¡Compren dólares!", alertan sin cansancio los intelectuales de ocasión en sus espacios informativos. Y, me temo, lo seguirán haciendo.

Quizá el problema sea que seguimos midiendo el mundo con un tablero diseñado para otra época. Los mismos intelectuales dogmáticos que hace treinta años explicaban el progreso mediante el PIB, la bolsa, los mercados financieros, la inversión extranjera y la confianza de los capitales continúan haciéndolo hoy, como si una sociedad pudiera resumirse en una hoja de cotizaciones. La bolsa sube y entonces hay confianza; baja y entonces viene el desastre; llega inversión extranjera y se celebra el desarrollo; crece el PIB y se anuncia el progreso. Pero cuando más de trece millones de mexicanos dejan de estar en situación de pobreza en un solo sexenio, el dato parece adquirir una categoría secundaria: inmediatamente hay que explicar cuánto costará, qué deuda generará, qué distorsiones producirá o cuándo llegará inevitablemente el apocalipsis que permita demostrar que, después de todo, el viejo modelo tenía razón.

Pero los países que hoy compiten con mayor éxito no parecen estar escogiendo entre esos extremos. Estados Unidos subsidia sectores estratégicos; China combina planificación estatal con mercados; Europa protege industrias críticas mientras defiende el comercio; Corea del Sur y otros países asiáticos construyeron su desarrollo mediante una intervención estatal extraordinariamente sofisticada. El verdadero debate contemporáneo ya no es si el Estado debe intervenir, sino dónde, cómo, con qué capacidades y para producir qué resultados. Esa debería ser precisamente la frontera de la investigación universitaria: no defender los dogmas del pasado, sino producir las ideas que permitan gobernar un mundo que ya dejó atrás buena parte de las condiciones que hicieron posibles aquellos dogmas.

Por eso el vacío intelectual resulta particularmente grave para una izquierda que pretende gobernar. Si acepta que los viejos modelos neoliberales son insuficientes, no puede limitarse a denunciarlos; tiene que construir una alternativa intelectualmente seria. Necesita una teoría del crecimiento, de la productividad, de la innovación, de la política industrial, de la redistribución, de la educación, de la tecnología y de la inserción de México en la economía mundial. Necesita explicar cómo financiar un Estado más capaz sin destruir los incentivos que producen riqueza, cómo reducir desigualdades sin sacrificar crecimiento y cómo utilizar al mercado sin permitir que éste termine determinando por sí solo las reglas de la sociedad. Esa tarea requiere universidades que vuelvan a producir pensamiento, partidos que vuelvan a estudiar y políticos dispuestos a admitir que una buena intención no constituye una política pública. Porque quizá la gran lección de las últimas décadas no sea que el mercado fracasó y el Estado triunfó, sino que ambos necesitan instituciones capaces de hacerlos funcionar. Y si James Carville pudo resumir una campaña presidencial —la de Clinton— entera con aquel célebre “It’s the economy, stupid”, quizá la época que viene necesite una corrección todavía más incómoda: "It's the state, stupid!"; no porque el mercado haya dejado de importar, sino porque ninguna sociedad compleja ha conseguido construir prosperidad, cohesión y movilidad social sostenibles dejando al Estado al margen de la ecuación.

Por eso la discusión sobre Morena debería ser mucho más exigente que la simple discusión sobre si sus políticas son correctas o incorrectas. Morena tiene frente a sí una oportunidad que sus adversarios también deberían aprovechar: convertirse en uno de los espacios donde se discuta qué puede significar una izquierda democrática después del neoliberalismo, después del fracaso de los experimentos socialistas del siglo XX y después de la crisis de los modelos económicos que dominaron las últimas décadas. No basta con defender las transferencias sociales ni con celebrar la reducción de la pobreza; hay que explicar cómo convertir esa redistribución en movilidad social permanente, productividad, educación, innovación, mejores salarios y una economía capaz de sostenerla.

Un partido serio no es solamente una coalición electoral; es una organización que desarrolla una teoría sobre el Estado, sobre el desarrollo económico, sobre la educación, la salud, la seguridad, la infraestructura y la administración pública. Es, en esencia, una fábrica de políticas públicas antes que una fábrica de candidatos.

Y es precisamente ahí donde Morena enfrenta su desafío más importante. Después de ocho años en el poder, el movimiento ha demostrado una notable capacidad para ganar elecciones, pero todavía resulta menos claro cuál es su arquitectura institucional para formar gobernantes, evaluar resultados y sancionar desviaciones internas. Casos como Segalmex, los señalamientos en torno a gobernadores, senadores, diputados y cuadros internos, las controversias relacionadas con contratos públicos en distintos niveles de gobierno, las acusaciones recurrentes de nepotismo en todos sus niveles, o los cuestionamientos alrededor de figuras locales y regionales del propio movimiento muestran que Morena no es inmune a los vicios que históricamente criticó. Ningún partido que gobierna durante largos periodos lo es. El problema no radica en la existencia de escándalos —eso ocurre en cualquier democracia— sino en la capacidad institucional para detectarlos, investigarlos y corregirlos antes de que se conviertan en una cultura política.

Morena necesita menos candidatos construidos para ganar encuestas y más cuadros dedicados a construir partido. Menos Cuauhtémoc Blanco, menos Salgado Macedonio, Adán Augusto o hijos incómodos que actúan como jefes parlamentarios sin haber ganado nunca una elección. En resumen, menos política basada exclusivamente en popularidad, y mucho más énfasis en formar administradores públicos, economistas, especialistas en políticas públicas e intelectuales capaces de darle sustancia al movimiento.

La evidencia comienza a ser difícil de ignorar. De poco les ha servido a estados como Morelos, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Chiapas o Sinaloa haber sustituido a viejas élites políticas por gobiernos morenistas si problemas como la inseguridad, el clientelismo, la improvisación administrativa o los cuestionamientos sobre corrupción continúan apareciendo bajo nuevos nombres. El cambio de partido no garantiza el cambio de gobierno.

Morena necesita comenzar a perder elecciones. Quizá esa sea la solución. No solo como castigo, sino como propio aprendizaje. Las victorias permanentes pueden convertir una maquinaria electoral en una organización complaciente; una derrota obliga a revisar ideas, formar mejores cuadros y preguntarse por qué la sociedad decidió buscar otra alternativa. O, en el peor caso, regresar a las anteriores. Tal vez Morena necesite perder para descubrir que antes de seguir ganando elecciones tiene que construir, de una vez por todas, un partido.

Y quizá ahí esté el verdadero vacío que Morena —y cualquier otro partido que aspire seriamente a gobernar México— debería intentar llenar. No con una nueva colección de consignas, sino con una generación de intelectuales capaz de discutir durante diez años antes de pretender gobernar durante seis; con universidades que vuelvan a producir pensamiento político y no solamente publicaciones panfletarias; con medios que exijan a los opinadores de oficio y a sus intelectuales de ocasión menos aforismos y estridencia y más explicaciones serias en la era post-neoliberal —en lugar de limitarse a celebrar o condenar al gobierno en turno—; y con partidos que entiendan que la política pública es la traducción práctica de una teoría sobre la sociedad.

Porque si algo ha demostrado la historia es que las sociedades no cambian simplemente porque cambie el partido en el gobierno. Cambian cuando cambia la manera en que una generación entiende el mundo. Y ése es precisamente el trabajo intelectual que todavía está pendiente: no encontrar argumentos más sofisticados para quitar a un gobierno, sino encontrar ideas suficientemente buenas para construir el siguiente.