La CNTE y la incomodidad de la democracia.

Idealismo o materialismo. Libertad o igualdad. Orden o justicia. Tradición o progreso. La vida pública rara vez concede el privilegio de la pureza moral; por el contrario, suele exigir la elección entre bienes imperfectos y costos inevitables. La política, después de todo, no es el arte de alcanzar soluciones perfectas, sino de administrar tensiones permanentes entre valores igualmente legítimos.

La historia humana puede entenderse como una larga conversación entre principios que compiten entre sí. Desde la Atenas clásica hasta las democracias contemporáneas, las comunidades políticas han oscilado constantemente entre la estabilidad y el cambio, entre la preservación de lo existente y la necesidad de transformarlo. Cada generación hereda conflictos sin resolver y se ve obligada a decidir qué valores está dispuesta a sacrificar para proteger otros. No existen fórmulas universales ni respuestas permanentes; existen únicamente decisiones colectivas tomadas en circunstancias concretas.

Ya desde la antigüedad, los filósofos advirtieron esta condición conflictiva de la existencia humana. Heráclito sostenía que “la guerra es el padre de todas las cosas”, no como una celebración de la violencia, sino como una constatación de que el conflicto constituye una fuerza creadora de la historia. Siglos después, Hegel desarrollaría una idea semejante al afirmar que el progreso humano surge de la confrontación entre tesis y antítesis. La armonía permanente no es el estado natural de las sociedades; el desacuerdo sí lo es.

En el terreno político, pocas tensiones son tan persistentes como la que enfrenta el bienestar individual inmediato con las demandas colectivas de largo plazo. Todos defendemos la justicia social en abstracto; menos entusiasmo mostramos cuando dicha justicia implica una manifestación frente a nuestra oficina, una huelga que altera nuestros planes o un bloqueo que nos obliga a caminar kilómetros para llegar a casa. El ideal democrático suele parecernos admirable mientras permanezca ordenado y silencioso. Cuando se vuelve incómodo, comienzan las dudas.

Esa contradicción se encuentra en el corazón de casi todos los movimientos sociales relevantes. Los ciudadanos desean sociedades más justas, pero también calles transitables. Aspiran a la igualdad, pero no necesariamente a soportar las molestias que implica conquistarla. El problema es que la historia demuestra una y otra vez que las transformaciones profundas rara vez llegaron mediante solicitudes amables. Como escribió Frederick Douglass: “El poder no concede nada sin una exigencia. Nunca lo hizo y nunca lo hará”.

Cuando la protesta interrumpe la normalidad.

Cada vez que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instala un plantón en la Ciudad de México o bloquea avenidas estratégicas, se activa un mecanismo casi automático en la conversación pública. Los noticiarios abren con imágenes de tráfico, ciudadanos molestos y comercios afectados. Las redes sociales se llenan de fotografías de filas interminables de automóviles. La discusión gira rápidamente alrededor de una pregunta aparentemente obvia: ¿con qué derecho un grupo puede alterar la vida de millones?

La pregunta es legítima. Nadie disfruta permanecer atrapado durante horas en una avenida bloqueada. Ningún comerciante celebra la caída de ventas provocada por una manifestación. El problema aparece cuando la cobertura mediática convierte esos inconvenientes en el único tema relevante. La protesta deja de analizarse como un conflicto político y pasa a presentarse exclusivamente como una molestia administrativa. Los manifestantes dejan de ser actores sociales con demandas concretas y se transforman en obstáculos para la circulación vehicular.

Esta narrativa no es exclusiva de México. A lo largo de la historia moderna, prácticamente todos los movimientos que posteriormente fueron reivindicados enfrentaron acusaciones similares. Los sindicatos europeos del siglo XIX fueron descritos como agitadores irresponsables. Las huelgas obreras estadounidenses fueron retratadas como amenazas al orden público. Las marchas por los derechos civiles encabezadas por Martin Luther King fueron criticadas precisamente por alterar la tranquilidad cotidiana. En su célebre “Carta desde la cárcel de Birmingham”, King respondió a quienes pedían paciencia y moderación: “La paz verdadera no es simplemente la ausencia de tensión; es la presencia de la justicia”.

Desde esta perspectiva, el ciudadano promedio experimenta una contradicción profundamente humana. Por un lado, resiente los efectos inmediatos de una protesta. Por otro, muchas de las conquistas sociales que disfruta existen precisamente porque generaciones anteriores estuvieron dispuestas a generar incomodidad colectiva. La molestia cotidiana y el avance histórico suelen compartir el mismo escenario.

La paradoja de los movimientos que incomodan.

La discusión sobre la CNTE suele quedar atrapada entre dos caricaturas. Una presenta a los maestros como héroes populares que encarnan toda causa justa. La otra los reduce a un grupo corporativo dispuesto a secuestrar ciudades para obtener privilegios. Ambas visiones simplifican una realidad mucho más compleja.

Como cualquier organización humana, los sindicatos pueden cometer excesos, defender intereses particulares o equivocarse en sus estrategias. Sin embargo, también representan uno de los pocos mecanismos históricos mediante los cuales los sectores trabajadores han logrado equilibrar el enorme poder económico y político de gobiernos y élites empresariales. La pregunta relevante no es si toda protesta es legítima por definición, sino si una democracia puede prescindir de la capacidad de presión organizada de sus ciudadanos.

Existe una tendencia recurrente en las sociedades contemporáneas a admirar los resultados de las luchas sociales mientras se condenan los métodos mediante los cuales dichas conquistas fueron obtenidas. Se celebra la jornada laboral de ocho horas, pero se olvidan las huelgas que paralizaron ciudades para conseguirla. Se defienden las pensiones públicas, pero se ignoran los conflictos sindicales que las hicieron posibles. Se presume la educación pública universal, pero se desprecia a las organizaciones que históricamente presionaron para financiarla.

La incomodidad, en ese sentido, forma parte del mecanismo democrático. Una protesta completamente invisible es también una protesta completamente inofensiva. Y una protesta inofensiva rara vez modifica las relaciones de poder existentes. El reto consiste en encontrar un equilibrio entre el derecho de la sociedad a funcionar y el derecho de los grupos organizados a ejercer presión efectiva sobre quienes toman decisiones.

El origen incómodo del bienestar.

Existe una ironía particularmente reveladora en el debate contemporáneo sobre los movimientos sindicales. Muchos de los intelectuales dogmáticos, académicos de cabecera y comentaristas de ocasión que hoy condenan con mayor severidad las movilizaciones disruptivas suelen señalar a los países nórdicos y a las democracias europeas como modelos de desarrollo, cohesión social y bienestar colectivo. Sin embargo, esos mismos sistemas que admiran no surgieron de consensos espontáneos ni de conversaciones educadas entre iguales.

Las estructuras de protección social que caracterizan a las democracias desarrolladas de occidente fueron construidas durante décadas de confrontación sindical, huelgas masivas, movilizaciones obreras y conflictos políticos intensos. Los seguros de desempleo, las vacaciones pagadas, la negociación colectiva, los sistemas públicos de salud y buena parte de la legislación laboral moderna nacieron de movimientos que, en su momento, fueron acusados de radicales, irresponsables y perjudiciales para la vida cotidiana.

La paradoja es evidente. Admiramos los resultados históricos de la movilización social, pero rechazamos las manifestaciones contemporáneas de esa misma energía política cuando afectan nuestra rutina. Celebramos el Estado de bienestar, pero olvidamos que sus cimientos fueron colocados por trabajadores organizados que bloquearon fábricas, paralizaron ciudades y desafiaron al poder establecido.

Quizá esa sea la contradicción moral que toda democracia debe aprender a soportar. Los movimientos sociales pueden ser incómodos, ruidosos y exasperantes. A veces incluso pueden equivocarse. Pero también constituyen uno de los mecanismos mediante los cuales las mayorías sociales logran hacerse visibles frente a estructuras de poder que, de otro modo, tendrían pocos incentivos para escucharlas. La cuestión no es si nos incomodan. La cuestión es si muchas de las sociedades que hoy consideramos más justas habrían llegado a existir sin esa incomodidad.